Comenzamos un nuevo curso escolar, sin
apenas haber pisado las aulas y el descontento en la comunidad educativa está a
flor de piel.
A lo largo de los dos últimos años la
educación pública ha sufrido un recorte de 3.400 millones de euros en sus
presupuestos. Esto se traduce en una caída de la inversión por alumno de más
del 25% en un periodo de cuatro años.
Esta realidad, según los profesionales
de la educación que, se encuentran a pie del cañón, se está traduciendo en:
1º.- En el aumento del 20% en el
número de alumnos por clase (de 25 a 30 en primaria y de 30 a 36 en secundaria).
Lo que, supondrá una menor capacidad de
atención individualizada, además de una masificación en las aulas. Cada profesor
deberá atender entre 30 y 50 alumnos más.
2º.- Las bajas del profesorado no
serán cubiertas durante las primeras dos semanas, lo que supondrá que, durante
ese tiempo, sus hijos deberán ser atendidos por profesores no especialistas en
la materia en cuestión y no podrán seguir avanzando en sus programas.
3º.- Se reducirán o desaparecerán de los centros
algunos programas educativos específicos como compensatoria, diversificación o
programas de cualificación profesional inicial, destinados a combatir el
fracaso escolar y atender a los alumnos con mayores dificultades de aprendizaje
como inmigrantes, hijos de familias desestructuradas, discapacitados, etc.
Estos alumnos abandonarán el sistema o tendrán que incorporarse al grupo
general, dificultando así su proceso de aprendizaje.
4º.- Desaparece del plan de creación
de escuelas infantiles para menores de tres años.
5º.- La reducción de la plantilla de
profesores impedirá ofertar las clases de apoyo o desdoble.
6º.- Los alumnos que el próximo curso se incorporan
a la universidad verán como las tasas de matrícula, actualmente en torno a los
1.000 €, subirán hasta los 1.600 €. Este hecho, sumado a la reducción de 166
millones de euros de la cuantía destinada a becas, privará a muchos estudiantes
de poder costearse estudios universitarios.
Todos estos recortes se suman a los
que venimos ya sufriendo en los últimos dos años, como la desaparición del
bono-libro o la reducción de los fondos destinados a los centros, que afectan a
cuestiones tan básicas como la calefacción, las fotocopias, los materiales de
prácticas o la limpieza.
Lógicamente, si esto es así y entendiendo
que, los servicios públicos universales (no solo educación, sino también
sanidad o servicios sociales) tienen como objetivo corregir los desequilibrios
y dotar de igualdad de oportunidades a toda la ciudadanía, es justo que se
planteen ciertas reivindicaciones por el bien de la educación pública.
Pero al igual que esto es así, también
debemos de plantearnos según un informe PISA (2009) que, los países que más invierten en educación por
alumno entre los 6 y los 15 años no son necesariamente los que mejor
rendimiento obtienen de sus estudiantes. España invierte más que los países
mejor clasificados. La inversión en España -cuyos resultados volvieron a estar
por debajo de la media de la OCDE- fue de 74.119 dólares, a la altura de Japón,
Eslovenia o Italia. España invierte 74.119 dólares, el país con mejores
resultados 71.385 Chile invierte por alumno 23.597 dólares, más que México
(21.175 dólares), ambos por encima de países "asociados" a la OCDE
como Brasil (18.261 dólares) o Colombia (19.067 dólares).
Creo que lo que verdaderamente hace
falta es un gran debate sobre la educación en este país. Porque, lógicamente,
los derechos sociales que hemos conquistado en las últimas décadas, y que no
son los causantes de la crisis que nos azota, corren el peligro de desaparecer
si no actuamos en verdadera conciencia social. Y de no actuar con verdadera
conciencia sobre la educación, estamos llamados a un suicidio colectivo que
nuestro país pagará durante generaciones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario