El Gobierno ha pospuesto la
aprobación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE),
en el consejo de ministro de hoy viernes, aludiendo a que falta por cerrar
aspectos de la memoria económica que acompaña a dicha ley, impulsada desde el
departamento del ministro de Educación, José Ignacio Wert.
La conocida como 'ley Wert'
ha levantado fuertes críticas desde ámbitos de la comunidad educativa, como quedó
reflejada en los distintos actos de protesta y manifestaciones celebrados ayer,
hechos por los cuales el gobierno niega que el retraso en su aprobación esté
vinculado a esas crítica y a la jornada de protestas que de ayer. Pero lo
cierto es desde mi punto de vista de que existe preocupación por el rechazo generalizado
de ayer.
La Ley Wert no gusta a los
partidos de la izquierda parlamentaria, -que entre otras cosas denuncian la
desaparición de Educación para la Ciudadanía- ni a asociaciones confesionales
de padres y madres -pues pierden su derecho constitucional a la participación
en la gestión en los centros de enseñanza- ni a los partidos nacionalistas de
comunidades como Cataluña –donde desaparece de un plumazo la inmersión lingüística-.
Los estudiantes, por su parte, denuncian el encarecimiento del acceso a una
educación superior y el concepto de ‘empleabilidad’ que empapa todo el texto.
Parece que los únicos que no
discrepan de la ley son la patronal de los centros concertados y privados. No quiero, con esto crear la polémica de que,
la ley beneficia a estos colegios en perjuicio de la escuela pública, no. Pero,
si quiero que, esta parte del sistema educativo concertado y privado que ocupa
un espacio tan importante en esta sociedad plural española, sea consciente de
la necesidad de esa pluralidad compartida desde la educación pública.
Lo importante es la
Educación. Y sea pública, concertada o privada, no se debe de permitir recorte
económico alguna, ni tampoco que cada gobierno nuevo que entra cree su nueva
ley de educación.
El fracaso escolar no es
nada más que el claro reflejo de la disparata política educativa que hemos
tenido en este país, donde el de turno ha querido dejar su huella, sin mirar
posiblemente el gran bien social que es la Educación.
Una vez retirada del orden
del día del Consejo de Ministros de este viernes, el objetivo del Gobierno es
que la ley esté aprobada “en otoño” a fin de que se pueda cumplir el preceptivo
plazo de diez meses para la adaptación curricular y la LOMCE pueda estar de
facto en las aulas en el curso 2014/2015, es decir, dos años después de su
presentación.
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