LOMCE. LEY ORGÁNICA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA.

El Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó el proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, hoy por ser domingo solamente me limito a recoger y dejar en  consiste sus novedades según he podido recopilar de lo publicado en la prensa. El resto de la semana analizaremos esto más detenidamente.

1. Financiación. Fondos europeos para la reforma

El ministro se ha referido a la dotación económica con que contará la ley, que el Consejo de Estado considera insuficiente, para explicar que hasta el 95% de los costes directos de implantación de la norma se deben al adelanto de los itinerarios formativos en la ESO y la creación de la Formación Profesional Básica, y podrían ser cofinanciados por el Fondo Social Europeo, en tanto que, en el horizonte 2014/2020, «uno de sus objetivos temáticos es la eliminación del abandono escolar temprano y la capacitación de los jóvenes».

En total, Educación calcula que, el primer año, el coste directo será de 38 millones de euros; de 190 millones el segundo y de 340 millones el tercero. No obstante, si se descuenta lo que se prevé ahorrar con la reforma del Bachillerato, --tendrá menos opciones y se espera menos afluencia por el refuerzo de la FP--, las cantidades se rebajan a 23 millones para el primer año, 130 para el segundo y 255 en el tercero. Los costes indirectos los asumen las comunidades autónomas y dependen del «éxito» que tengan en la implantación de la reforma.

2. Distribución de las asignaturas.

El proyecto de la Ley Orgánica para la Mejora en la Calidad Educativa diseña una nueva «arquitectura» del sistema educativo, que se sustenta en la división de las asignaturas de Primaria, Secundaria y Bachillerato en tres tipos: troncales, específicas y de libre configuración autonómica.

El Ministerio insiste en que esta clasificación no responde a su importancia, sino a quién corresponde diseñarlas. Se acaba con el criterio de trocear las materias en parte estatal y autonómica.

En las troncales, entre ellas lengua castellana, matemáticas, ciencias e idioma extranjero, es el Estado el que fijará en su totalidad los contenidos. Para las específicas, el Estado establece los estándares evaluables, pero serán las comunidades las que establezcan sus contenidos. Finalmente, las de libre configuración autonómica serán, como su nombre indica, completamente responsabilidad de las comunidades.

Las lenguas cooficiales tendrán un tratamiento especial. No pueden ser troncales por su propia especificidad autonómica, pero su evaluación contará para la evaluación final de ESO y Bachillerato.

3. La elección entre FP y Bachillerato

La futura ley busca una flexibilización de las trayectorias que siguen los alumnos, evitando las actuales rigideces del sistema que, según el Ministerio, conducen a la exclusión de los alumnos. Para lograr este objetivo, se desarrollarán programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento en el segundo y el tercer curso de Secundaria y se anticiparán los itinerarios hacia Bachillerato y Formación Profesional al tercer curso de la ESO.

Además, se transformará el actual cuarto curso de Secundaria en un curso fundamentalmente propedéutico, es decir, dirigido al estudio de una opción concreta, y con dos trayectorias que estarán bien diferenciadas: opción de enseñanzas académicas para la iniciación del Bachillerato o de enseñanzas académicas para la iniciación a la Formación Profesional.

Sin embargo, eso no signficará que no haya vuelta atrás. Como mínimo en las etapas superiores de Secundaria, se prevén «pasarelas» entre todas las trayectorias formativas y dentro de ellas, de manera que ninguna decisión del alumno sea completamente irreversible.

4. Más autonomía de los centros

La reforma educativa contribuirá también a reforzar la capacidad de gestión de la dirección de cada uno de los centros. Los directores serán los verdaderos responsables del proyecto educativo de sus colegios e institutos. En sus manos recaerá la gestión y el liderazgo pedagógico.

La futura ley tiene como objetivo profesionalizar la figura del director con un sistema de certificación previa que servirá para acceder al puesto de director. Se establece asímismo un protocolo para rendir cuentas de las decisiones tomadas, de las acciones de calidad y de los resultados obtenidos al llevarlas a cabo.

Que la responsabilidad recaiga en la figura del director se observa por los críticos con la nueva legislación como una «injustificable pérdida de democracia». Se resta poder de decisión a los Consejos Escolares que pasan, en la práctica, a ser órganos consultivos. Las anteriores legislaciones habían dado durante años poder decisorio a estos organismos.

5. Se pasará de curso con dos suspensos

El proyecto de ley busca ser más exigente con los alumnos y premiar su esfuerzo. «Es más importante el reconocimiento del esfuerzo que el de la excelencia», llegó a decir ayer elministro de Educación, José Ignacio Wert, tras la aprobación de la futura ley por parte del Consejo de Ministros.

Por eso pasar de curso será un poco más difícil. Sólo se podrá pasar de curso con dos suspensos, no con más. Sólo hay una excepción: si esas dos asignaturas suspensas son algunas de estas dos: matemáticas, lengua o lengua cooficial.

La obtención del título de la ESO requerirá la superación de la evaluación final y una calificación final de la Educación Secundaria Obligatoria igual o superior a 5 puntos sobre 10 (calculada ponderando en un 70% la media de las notas de las diversas materias de la etapa y en un 30% la nota de la evaluación final).

El de Bachiller requerirá superar la evaluación final y una calificación final del Bachillerato igual o superior a 5 puntos sobre 10, ponderando en un 60% la media de las notas de las materias cursadas en esta etapa y en un 30% la nota de la evaluación final.

6. Educación Diferenciada

Los centros que eduquen por sexos separados deberán justificar que no discriminan en calidad educativa si quieren optar a tener una subvención pública como centro concertado, tal y como recomendó el Consejo de Estado tras estudiar elanteproyecto de la Lomce. La reforma legislativa no garantiza, por tanto, la subvención a los centros que optan por enseñar en clases separados a los niños de las niñas. El conceder o no la subvención de estos centros queda en manos de las comunidades autónomas.

Durante la tramitación de la ley, Wert había defendido la subvención para un grupo de colegios que son minoría en España -el 0,6% de los colegios y menos del uno por ciento de los alumnos-. Aseguraba que no busca darles un «privilegio» sino garantizar que estaban «en pie de igualdad» con el resto de centros. Pero el ministros se ha encontrado con sentencias del Tribunal Supremo que han dado la razón a Cantabria y Andalucía al retirar el concientro a centros de su territorio.

7. Reválidas y fin a la selectividad

Una de las grandes obsesiones del ministro es la medición de los resultados educativos para poder mejorarlos. Por eso el proyecto de ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros recoge una serie de evaluaciones externas a lo largo de la vida académica del alumno, a las que popularmente se denomina «reválidas».

En Primaria habrá dos pruebas, una en 3º y otra al final del ciclo, en 6º curso. El diseño de este examen será competencia de las comunidades autónomas y medirán la capacidad en lengua, escritura y cálculo, con el objeto de detectar problemas a tiempo.

Asimismo, habrá evaluaciones externas al término de la ESO y del Bachillerato, de las que se encargará el Ministerio, ya que servirán para la obtención del título, algo que entra en su competencia. En este caso, se evaluará de conocimientos, pero también de competencias como la comprensión, el razonamiento crítico o la capacidad de poner en relación distintas materias, al estilo de PISA.

Asimismo, la futura ley acabará con las actuales pruebas de acceso a la universidad, la célebre selectividad. Cada universidad podrá fijar sus propias pruebas.

8. Eliminación de Educación para la Ciudadanía

En su dictamen, el Consejo de Estado pedía al Ministerio que no desapareciese de la Lomce la asignatura de Educación para la Ciudadanía, tal y como prevía el texto del anteproyecto. Dicha asignatura, según explicó ayer el ministro Wert, se diluirá en «contenidos transversales» recogidos en todas las materias.

La preocupación del Consejo de Estado era que los valores éticos -incluidos en Educación par la Ciudadanía- no llegaran a todos los alumnos, por ejemplo a los que exijan la asignatura de Religión. Educación garantiza que los alumnos que opten por cursar Religión tendrán también la oportunidad de cursar la asignatura de «Valores Culturales y Sociales» en Primaria y la de «Valores Éticos» en Secundaria. Este es uno de los retoques que el Ministerio ha introducido a última hora.

En el anteproyecto de la ley, el borrador obligaba a escoger necesariamente entre Religión o sus «asignaturas espejo», una medida que, según puso de manifiesto el reciente informe del Consejo de Estado, «discriminaría a los alumnos que al elegir la primera no cursarán asignatura alguna sobre valores sociales y éticos».

9. Nueva Formación Profesional Básica

Uno de los principales objetivos del proyecto de ley es contribuir a la disminución del alto desempleo juvenil en España, con una tasa que se sitúa ya en el 57%, y para atajarlo se plantea como instrumento fundamental la reforma de la actual formación profesional.

La futura norma crea un nuevo título de Formación Profesional Básica, con ciclos de carácter obligatorio y gratuito destinados a alumnos de Educación Secundaria Obligatoria que no están en condiciones de alcanzar las competencias propias de esta etapa, que sustituirán a los programas de cualificación profesional inicial existentes actualmente.

Asimismo, se flexibilizarán las vías de acceso desde la Formación Profesional Básica hacia la de Grado Medio y desde ésta hacia la de Grado Superior.

Los alumnos que superen las enseñanzas de FP de grado medio y grado superior recibirán respectivamente los títulos de técnico y técnico superior de la correspondiente profesión.

Los títulos de técnico y técnico superior permitirán el acceso directo, en el primer caso, a todas las modalidades de Bachillerato, y, en el segundo, a los estudios universitarios de Grado.

10. Castellano en Cataluña

El Gobierno pagará un colegio privado cuando la comunidad autónoma no la oferte como vehicular, pero será de forma "transitoria" hasta que el Ejecutivo autonómico solucione la cuestión y, en todo caso, recuperará el dinero -calculado en 5 millones de euros para cada mil alumnos- detrayéndolo de la partida que le corresponda en el marco de la financiación autonómica.

11. La clase de Religión contará para pedir una beca

La LOMCE establece que, tanto la asignatura de Religión como su alternativa -Valores Culturales y Sociales en Primaria y Valores Éticos en Secundaria-, serán evaluables y la nota contará para la media del curso "a todos los efectos", ya sea para optar a una beca o para calcular el resultado de las pruebas externas de evaluación, "como el resto de las asignaturas".

Ambas materias, que tienen un régimen especial porque es obligado ofertarlas en línea con los acuerdos con la Santa Sede -no se consideran troncales-, se podrán cursar como optativas desde la Primaria, facilitando así que quien lo desee pueda estudiar las dos y no sólo una, en detrimento de cualquier otra de las optativas, como contemplaba inicialmente el anteproyecto de la norma, en la que Religión y Valores eran excluyentes.