Los Rectores de las
Universidades Españolas piden la finalización de las medidas excepcionales que
afectan al estudio, a la actividad docente y a la investigación
Se han cumplido dos años de
la aprobación del RDL 14/2012, de “medidas urgentes de racionalización del
gasto público en el ámbito educativo”, una norma que modificó la Ley Orgánica
de Universidades y afectó a aspectos tan sensibles como los precios públicos y
la organización de la actividad docente. Las normas presupuestarias posteriores
han afectado a los salarios, a los derechos laborales y a las expectativas
profesionales de todos los empleados públicos y, por tanto, también a los de
las universidades.
Los Reales Decretos sobre
becas han cambiado su naturaleza de derecho por la de una ayuda por la que se
compite, con requisitos académicos endurecidos que sufren quienes más las necesitan.
Asimismo, las ayudas Erasmus han restringido también sus criterios de concesión
en los últimos dos años.
En investigación, el menor
presupuesto y la secuencia de las convocatorias aplicadas por el Gobierno de
España y por algunos gobiernos autonómicos han comportado un elevado recorte efectivo
de consecuencias irreparables para muchos grupos de investigación. Este entendimiento
de la I+D+i como un gasto y no como una inversión contrasta con la política de los
países más avanzados.
Los rectores consideramos
especialmente dolorosas y difícilmente justificables, por su mínimo impacto
económico, las medidas que afectan a los jóvenes. El incremento de los precios públicos
de los grados y, muy por encima de ellos, el de los másteres, afecta a las posibilidades
formativas de nuestros jóvenes en un momento especialmente negativo para el empleo.
El acceso a la profesión académica se encuentra cerrado para ellos, salvo los resquicios
que dejan las insatisfactorias tasas de reposición. Estas cercenan las
perspectivas de los profesores universitarios en su carrera académica y minan
la motivación para la mejora permanente en docencia e investigación. Las
limitaciones normativas han provocado que las plantillas de profesores,
investigadores y personal de administración y servicios se hayan llenado de
figuras y plazas interinas y precarias, algunas recurridas por el propio
Gobierno, que resultan inadecuadas para la función universitaria, docente,
investigadora y de gestión.
Las medidas, según decía el
RD 14/2012, eran excepcionales y se justificaron por la coyuntura económica del
momento. Ante las afirmaciones de una perspectiva de mejoría económica en España,
pedimos la supresión de las que vayan más allá de un ahorro racional y una
gestión eficiente y austera, en el marco de los criterios presupuestarios que
se fijen.
Los precios públicos de
matrícula en las universidades deben ser accesibles y razonables en todos los
niveles formativos. Debe recuperarse el sentido de las becas y ayudas como
garantes de la equidad. Debe volver la autonomía de gestión de la actividad
docente e investigadora de las universidades. Debe ser posible que éstas
configuren ordenadamente sus plantillas, con fórmulas de renovación y promoción
ajustadas a su realidad y a su planificación estratégica. Debe retomarse el
apoyo a la investigación y a la innovación para regresar a una senda de crecimiento,
basado en el conocimiento y la especialización inteligente y sostenible, que
evite la pérdida de talento y aproveche la formación proporcionada.
La universidad española,
como toda la universidad europea, afronta necesidades de adaptación de su
sistema a una realidad social y económica que exige una modernización de sus
estructuras y funcionamiento. Para poder abordarla, es necesaria la búsqueda de
un amplio consenso social y político que debe empezar forzosamente por la
recuperación de la normalidad en su vida académica, docente e investigadora. La
consecución de estos objetivos nos implica a todos -agentes sociales, gobierno,
comunidades autónomas y universidades- y es necesario conseguirlo en beneficio
de la sociedad española.
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