El Congreso ha aprobado
definitivamente, con el único apoyo del Partido Popular, la Ley Orgánica
para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), la enésima reforma educativa de
nuestra democracia, y que cuenta con la oposición de padres, profesores,
sindicatos y de la propia Iglesia, que considera que la norma "no
cumple" con los Acuerdos Iglesia-Estado. Una ley "agotada antes de
nacer".
El debate previo a la
votación ha concluido con una cita bíblica, tomada del Eclesiastés, en la que
el ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha mostrado su deseo de que
"haya terminado el tiempo de destruir y comience entre todos el de
construir".
En la Conferencia Episcopal,
la LOMCE ha sido recibida con cierto pesimismo. Pese a todo, el nuevo
secretario general de la CEE, José María Gil Tamayo, considera que" todavía
cabe diálogo" sobre la presencia de la asignatura de Religión en la
Ley, que no contempla la oferta obligatoria de esta materia en el Bachillerato.
Por su parte, Escuelas
Católicas ha expresado su "decepción" ante la aprobación de la
LOMCE. En un comunicado, EC sostiene que "la nueva ley tiene muchas
lagunas y constituye una ocasión perdida para haber logrado una ley de
consenso que aunara fuerzas, tomando como referencia un Pacto Educativo, y
garantizara la complementariedad de redes educativas".
En opinión de los colegios
católicos, "la falta de diálogo constructivo y de aceptación de
propuestas de mejora remitidas" ha provocado un texto final que sólo
provoca "perplejidad" y que denota "un ejemplo de falta de
coherencia, distorsión de la realidad y, en algunos casos, manipulación de
la opinión pública desde distintos sectores".
Respecto a los centros
católicos concertados, la nueva norma, lejos de ser la "ley de la
concertada" como algunos insisten en manifestar, "supone una enorme
preocupación por cuanto no conecta realmente la necesidad de escolarización con
la demanda; no introduce ninguna novedad concreta que garantice que un centro
con demanda mantenga el concierto; no corrige el déficit endémico del
módulo económico; no reconoce los derechos del titular del centro frente a la
Administración; no garantiza la complementariedad de redes; no contempla el
servicio educativo como servicio público y social, etc."
En definitiva, la LOMCE
supone "una verdadera oportunidad perdida para que el Gobierno
hubiese plasmado sus principios electorales a favor de la libertad de
enseñanza". Es más, EC considera que en algún aspecto la ley puede suponer
un retroceso con respecto a la enseñanza concertada en cuestiones como la
programación de la oferta y la autonomía de los centros.
Por todo ello, Escuelas Católicas
pide al Gobierno "más coherencia en el desarrollo normativo de la
Ley", al tiempo que "espera de todos los grupos sociales y políticos
un espíritu dialogante" a lo largo de dicho proceso.
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